AICA es la Autoridad de Control Nacional de la Ley de la Cadena y es punto de contacto con las autoridades de ejecución comunitaria y con la Comisión. Para ello, trabaja de manera coordinada con las autoridades de control autonómicas.
Cooperación en el ámbito nacional
AICA colabora activamente con otras entidades de ámbito nacional con competencias para velar por el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena, así como con otros organismos que, en el ejercicio de sus funciones, puedan requerir de su colaboración y/o experiencia.
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- El Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución
- Traslado de informes de indicios entre autoridades de ejecución
La Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, estableció que los Estados miembros habían de designar autoridades de ejecución regionales. Con la modificación de la Ley de la Cadena en 2021, se recogió en ella esta obligación y la creación de un Comité de Cooperación para coordinar las actuaciones de control entre las autoridades de ejecución autonómicas y AICA, que además es el punto de contacto con la Comisión Europea.
El 16 de febrero de 2022 se formalizó la constitución del Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución en su primera reunión plenaria. Desde entonces se han creado dos grupos de trabajo, el Grupo de trabajo de las Autoridades de Ejecución del Comité de Cooperación y el Grupo de trabajo del Plan de Controles de la contratación y declaraciones del sector lácteo (leche cruda) que mantienen encuentros periódicos para la coordinación de sus actuaciones.
En este marco, se ha constituido el primer Programa piloto de cooperación entre las autoridades de ejecución, de adhesión voluntaria, con el objetivo de reforzar la coordinación en el ejercicio de la función inspectora y avanzar en una mejora efectiva de la aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto.
Anualmente, se llevan a cabo unas jornadas técnicas celebradas presencialmente en el Centro Nacional de Capacitación Agraria, que permiten hacer un balance sobre la organización y funcionamiento del Comité de Cooperación, y la puesta en común de los datos de los controles realizados en el año anterior, así como los previstos para el año en curso.
Asimismo, AICA informa sobre las reuniones mantenidas con la Comisión Europea y otros Estados miembros y sobre las novedades normativas que se esperan en este ámbito.
Por último, tanto AICA como representantes de CCAA intercambian experiencias relacionadas con el cumplimiento de las medidas dispuestas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto.
También se celebran reuniones periódicas de los grupos de trabajo del Comité con objetivos específicos de cada uno.
Como consecuencia de la distribución de competencias descritas en el artículo 26 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, AICA y los órganos competentes de las comunidades autónomas (autoridades de ejecución), se trasladan los informes de indicios y las investigaciones realizadas en su caso, al organismo competente para ejercer la potestad sancionadora. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, corresponde a la Administración General del Estado ejercer la potestad sancionadora cuando:
- Las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales principales en diferentes comunidades autónomas.
- El contrato afecte a un ámbito superior al de una comunidad autónoma en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del producto objeto del contrato.
- Cuando una de las partes del contrato no tenga su sede social principal en España.
El artículo 26.2 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, establece que corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas ejercer la potestad sancionadora en los restantes supuestos.
Si durante sus actuaciones de control, una autoridad de una Comunidad Autónoma detecta incumplimientos de un operador ajeno a su ámbito competencial, trasladará el informe a AICA para que proceda a realizar las comprobaciones y/o iniciar el expediente sancionador que corresponda.
Si como consecuencia de las investigaciones realizadas por AICA se determina que la competencia sancionadora es de determinada comunidad autónoma, se traslada a éstas el informe correspondiente para que procedan al inicio de procedimiento sancionador, en su caso.
Puede conocer más datos sobre la actividad desarrollada aquí.
En el ejercicio de sus funciones, AICA colabora con otros órganos y organismos de ámbito nacional.
- Observatorio de la Cadena Alimentaria
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- Otros
Con la aprobación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Alimentación. Su composición y funcionamiento se desarrollan en el Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 12/2013.
El Observatorio de la Cadena Alimentaria funciona en Pleno, en Comisión Ejecutiva y en los Grupos de Trabajo que se creen al efecto.
En el Pleno están presentes las organizaciones y asociaciones más representativas de la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor final, y la propia Administración, de modo que este Observatorio se convierte en un instrumento participativo que permite identificar líneas de mejora de funcionamiento, eficacia y actualización en la cadena alimentaria.
Obtenga más información aquí.
Si AICA detectase alguna actividad que pudiera constituir una infracción de la normativa de defensa de la competencia, la trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia junto con las actuaciones realizadas.
Dirección General de Alimentación (DGA).
AICA trabaja en coordinación con la Dirección General de Alimentación en las competencias relativas a la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, facilitando la generación de valor y su distribución entre los distintos operadores de la cadena alimentaria. Asimismo, trabaja coordinadamente con la DGA para elaborar las propuestas que permitan establecer la posición española ante la Unión Europea en el ámbito de las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.
AICA puede iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda derivado de las denuncias presentadas por las organizaciones interprofesionales por incumplimiento de los pagos de las aportaciones obligatorias establecidas en la extensión de norma para los sectores del aceite de oliva, aceituna de mesa, orujo, lácteo, vino. Para ello, formulará la propuesta de resolución que proceda a la Dirección General de Alimentación, autoridad competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la materia.
Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
El Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa, creó este órgano colegiado consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a las pequeñas y las medianas empresas para favorecer y facilitar su creación, crecimiento y el desarrollo de ventajas competitivas.
Además, estableció que el Gobierno creará y regulará el funcionamiento de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada en su marco para el seguimiento de la evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito.
AICA participa en el Observatorio a efectos de la elaboración del informe anual al que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto sobre sobre la situación de los plazos de pago y de la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas privadas, que permita analizar los resultados y la eficacia del régimen de plazos de pago regulado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y de los recogidos en otra normativa sectorial de aplicación, en términos de reducción de los plazos de pago y de mejora de la cultura de pago entre empresas y profesionales.
Contacto de Autoridades de Ejecución en las Comunidades Autónomas
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